Por las masacres ocurridas en El Aro en 1996 y La Granja en 1997, los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, denunciarán éste martes ante la Corte Suprema de Justicia al hoy detenido expresidente de la República, Álvaro Uribe.
Montealegre y Perdomo, en el documento base de la denuncian señalan que “al entonces Gobernador de Antioquia se le atribuyen estos delitos, a título de autor, en comisión por omisión. Es decir: a pesar de que Álvaro Uribe conocía que estas poblaciones estaban bajo riesgo de ataque, no tomó las medidas necesarias y efectivas, para evitar las atrocidades que allí ocurrieron”.
Plantean que “no por el simple hecho de haber ocupado el cargo de gobernador, se le imputan estos crímenes a Álvaro Uribe. Su responsabilidad se deriva, del conocimiento previo que tenía del riesgo y, de su renuncia a tomar medidas realmente efectivas.Lo que hizo Uribe,ante las denuncias de Jesús María Valle, fue un simulacro de actuación; una farsa, para aparentar una protección que nunca llegó”.
Estiman que la comisión convocada por Uribe se limitó a verificar los hechos denunciados, pero no ejecutó acciones reales y eficientes en favor de la población de Ituango. “En todo caso, resulta irrelevante que existan bitácoras de vuelos de los helicópteros de la Gobernación, pues, a Álvaro Uribe, conforme a nuestro análisis, no se le acusa-por ahora-, de haber contribuido material o intelectualmente en la ejecución de los hechos, ni determinador de los mismos. Lo que se le imputa, es el incumplimiento de sus deberes de protección, como garante de los habitantes de Ituango”, dicen.
Recuerdan que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia, por encontrarla responsable de las masacres de Ituango. El órgano judicial comprobó que, las autoridades del Departamento tenían pleno conocimiento, sobre el riesgo de una incursión paramilitar en el territorio. Por consiguiente, declaró que el Estado colombiano, violó los derechos de todos los pobladores de La Granja y El Aro, al no haber tomado las acciones adecuadas para proteger a sus comunidades. También, la Corte Interamericana le exigió al Estado colombiano, investigar y judicializar los responsables de las violaciones cometidas. Si no se investiga a fondo la responsabilidad de Alvaro Uribe, Colombia estaría incurriendo en un ilícito internacional: violación de las obligaciones de protección y garantía, derivados de tratados sobre derechos humanos, vinculantes para el país”.
Indican que “esta denuncia- por ahora- tampoco pretende demostrar la responsabilidad penal, por una supuesta complicidad entre Uribe y los paramilitares. Basta con demostrar su omisión, en la protección efectiva de la población en riesgo. En su calidad de Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe tenía el deber de proteger a la población civil y evitar la comisión de las masacres. Por ejemplo: en el caso de Mapiripán, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, concluyeron lo siguiente: cuando un servidor público incumple con sus deberes de protección a la población civil, debe responder penalmente, como autor, por los hechos de los paramilitares. Esta estructura de imputación, le es aplicable a Alvaro Uribe Vélez. Es en este giro, donde está la novedad del enfoque que presentamos: en atribuirle una omisión punible. Constituye un aporte significativo a la investigación, que producirá un cambio sustancial en la imputación y su prueba”.
