La Federación Internacional por los Derechos Humanos valora la decisión histórica de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la cual, a su juicio, marca un precedente sumamente importante sobre la responsabilidad de exjefes de Estado, al ser la primera de ese tipo que se toma en el país.
Asimismo, recordó que tanto la separación de poderes como la independencia judicial de los magistrados de las altas cortes son dos pilares del Estado de derecho, por lo cual hace un llamado al respeto de las decisiones de la administración de justicia y a garantizar la separación de los poderes en el país, evitando todo tipo de represalias dirigidas tanto a las altas cortes como a los sujetos procesales.
La federación recordó que el presente caso tiene su origen en una denuncia interpuesta por el expresidente Uribe contra el senador Iván Cepeda Castro ante la Corte Suprema en el año 2012. La Corte, no encontró elementos suficientes para investigar a Cepeda y en la misma decisión ordenó abrir una investigación contra el expresidente. El proceso no ha terminado, y por lo tanto las garantías procesales de todas las partes involucradas deben ser respetadas como hasta ahora.
Para la organización, la decisión de la Corte muestra que pese a las presiones e injerencias de importantes sectores de la sociedad colombiana y de altos funcionarios del gobierno en la administración de justicia durante todo el proceso, y en especial en las últimas semanas, la independencia judicial debe prevalecer sobre los intereses y poderes políticos.
«Han sido ocho años de un arduo proceso que no ha finalizado, pero espero que esta decisión sirva de precedente para que avancen los demás procesos contra el senador Uribe. La justicia ha enviado el mensaje a la sociedad que nadie está por encima de la ley, por más poderoso que sea», relata el documento.
«La FIDH expresa su máxima solidaridad y apoyo al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo por su trabajo estos ocho años, bajo la batuta del abogado defensor de derechos humanos y vicepresidente de la FIDH, Reinaldo Villalba», argumentaron.
