La Supertintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) inició investigaciones y formuló pliego de cargos contra empresas de energía y gas del país, entre ellas, Alcanos S.A E.S.P.
Las empresas Vanti S.A. E.S.P.; Alcanos S.A. E.S.P.; Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P.; Gases del Caribe S.A. E.S.P.; Enel – Codensa S.A. E.S.P; y Cedenar S.A. E.S.P; son investigadas por presuntos incumplimientos de las normas sobre medición de consumo y algunas disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional para aliviar el costo de los servicios públicos a los usuarios durante la emergencia por Covid-19.
Sobre estos procesos, la Superintendente, Natasha Avendaño García, manifestó que“En cumplimiento de nuestra función de control, y en defensa de los derechos de los usuarios, hemos formulado cargos a estas seis empresas luego de identificar presuntos incumplimientos a la ley en relación con la medición de los consumos y la no aplicación oportuna de las medidas expedidas por el Gobierno Nacional para favorecer a los usuarios de los servicios de energía y gas en esta contingencia. Como parte del debido proceso, las empresas podrán presentar sus descargos ante la Superservicios, para su respectivo análisis”.
Facturación por consumos estimados
La apertura de investigación contra estas seis empresas se fundamenta en la facturación por consumos estimados a usuarios durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, sin que, preliminarmente, se evidencie que las empresas hayan realizado las acciones necesarias para medir el consumo real, como lo establecen la ley y la regulación. El cobro del consumo promediado se efectuó a 2.133.376 suscriptores de Vanti, 729.784 de Alcanos, 372.491 de Gas Cundiboyacense, 362.315 de Gases del Caribe, 260.708 de Enel-Codensa y 151.895 de Cedenar.
No aplicación de opción tarifaria transitoria
A las investigaciones contra Vanti, Alcanos, Gas Cundiboyacense y Gases del Caribe se suma que, presuntamente, no se evidenció la aplicación oportuna de la Opción Tarifaria Transitoria obligatoria, implementada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) mediante la Resolución 048 de 2020. Esta opción tarifaria tiene como objetivo mitigar el impacto, en el corto plazo, del incremento del costo del metro cúbico (m3) del servicio público de gas natural durante el aislamiento preventivo obligatorio, en el que muchos usuarios han visto reducidos sus ingresos.
