La Procuraduría General y la Fiscalía adelantan labores de investigación con el fin de identificar a los ocho soldados, presuntamente vinculados con el abuso sexual de una niña indígena de la comunidad Embera Chamí, de 12 años, ocurrido en Risaralda el pasado 22 de junio.
Los hechos que habrían ocurrido en el corregimiento de Santa Cecilia, del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, son priorizados por la seccional de dicho departamento, y en el marco de la investigación han realizado 25 entrevistas, entre ellas a la menor y a los uniformados presuntos responsables.
“La Fiscalía identificó los presuntos actores que corresponden a ocho miembros del Ejército. En el avance de la investigación se podría llamar a más personas e incluso pedir orden de captura», señaló la delegada de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Carmen Torres Malaver.
Torres argumentó que en el despacho del fiscal del caso, además de las entrevistas, reposan testimonios de personas que sirvieron como testigos en los hechos, así como también los informes de inspección con topografía y luces forenses que adelantaron miembros del CTI, una vez fue conocido el caso.
Del mismo modo, durante las próximas horas se conocerá el resultado de los exámenes de Medicina Legal que le fueron practicados a la menor, con el fin de identificar las posibles lesiones que le pudieron provocar e incluso si finalmente fue abusada.
Desde la Procuraduría, el delegado de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército Nacional, con sede en Pereira, abrió indagación preliminar contra los soldados.
El Ministerio Público, en un comunicado, dejó claro que cuando se trata de situaciones que vinculan gravedad, reiteración y afectación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, el ente de control acoge el caso, debido a que resulta «imperativo» obtener protección contra toda forma de violencia.
Para el ente de control, los hechos investigados “podrían llegar a constituir afectación de derechos humanos, en atención a la condición especial de la víctima por tratarse de una menor de edad que pertenece a un grupo étnico”.
Sobre los uniformados se sabe que están recluidos en el asentamiento de la sede militar a donde están adscritos, que es el Batallón San Mateo. El comandante de la Quinta División del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, por su parte, señaló que el pelotón de 30 uniformados, de los cuales hacen parte los ocho uniformados, fueron relevados de la función que cumplían, que correspondía vigilar el corredor hacia el Chocó.
El oficial, quien reprochó el actuar de los uniformados, reseñó que los hombres prestaban servicio militar obligatorio y quienes apoyaron dicho pelotón tenían un poco más de seis meses en la institución. Ospina recordó que los hechos que son materia de investigación vincula a uniformados que oscilan entre los 18 y 21 años.
«El Ejército no tiene este tipo de comportamiento, nuestros soldados son capacitados para acercarse a la comunidad», señaló a la vez que rechazó los hechos y anunció que será la justicia ordinaria quien se encargue de esclarecer lo sucedido.
Los hechos que no son conocidos en su totalidad, precisamente, porque se trata de una menor de edad causó consternación en el pueblo colombiano e incluso llegó a altas esferas como lo es el jefe de Estado, Iván Duque, quien reprochó categóricamente el suceso y señaló que si era necesario empezaría a implementar la cadena perpetua con este caso.
“A mí me duele que se señale a miembros de la fuerza pública de haber cometido una violación de una menor indígena, pero vamos a ir hasta el fondo de las investigaciones y si nos toca estrenar con ellos la cadena perpetua, la vamos a estrenar con ellos y con cualquiera que quiera pisotear la dignidad de un niño, que quiera pisotear la transparencia de cualquier niño. Aquí en Colombia estamos unidos contra este tipo de delitos”, señaló el jefe de Estado.
¿PUEDE FUNCIONAR LA CADENA PERPETÚA?
Si bien, el jefe de los colombianos reseñó que hará lo posible por buscar la verdad de lo ocurrido y en caso de encontrar irregularidades que todo el peso de la ley les caiga encima a los responsables, para el exfiscal Camilo Burbano esta teoría no es viable, por el momento.
“Para el caso que se esta debatiendo sobre la niña abusada por los soldados, resulta imposible aplicar la cadena perpetua. Hay una reforma constitucional que acaba de ser reformada por el Congreso, pero para que esa reforma pueda ser aplicada, obligatoriamente, se requiere una modificación al Código Penal”.
Tal modificación, según Burbano, aún no existe porque requiere un desarrollo legislativo posterior. “Mientras esa modificación al Código Penal no exista a ningún caso le puede aplicar la cadena perpetua”, argumentó.
Del mismo modo, reseñó que este caso, si bien, inicialmente, está enmarcado en una denuncia puesta en la justicia ordinaria, puede tener participación en tres jurisdicciones, la penal militar, la indígena y en la que está en curso.
“En primer lugar la justicia penal militar puede solicitar el caso o los abogados de ellos pueden pedir el caso si la Fiscalía lo tiene. En segundo lugar, la justicia ordinaria, en la medida en que en la Fiscalía inicia la investigación de oficio, y en tercer lugar, la jurisdicción indígena por ser una niña indígena y que el acto se hizo dentro de su territorio”, precisó Burbano.
Para el experto, las tres jurisdicciones podrían “pelearse” la competencia del caso. “Para mi es claro que la justicia penal militar no es competente porque el acto conlleva una violación a los derechos fundamentales que rompe con el servicio, y por lo tanto no puede ser pedida por esta instancia”.
Así las cosas, la discusión sería entonces entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena. De acuerdo con Burbano, frente a la jurisdicción indígena, lo primero que tienen que hacer es que solicite el caso y en últimas, el tribunal que decide en donde se hará el seguimiento del caso es el Consejo Superior de la Judicatura.
LOS RECHAZOS
Así como el jefe de Estado, Iván Duque, presentó su consternación ante el hecho, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, también sostuvo que “el delito de los siete soldados duele por la niña, por su familia, por la unidad de un país multiétnico, por las familias de los soldados y por el nombre de nuestras FF.AA. que son pilar de nuestra democracia”.
La senadora Angélica Lozano, por su parte, le reclamó al gobierno que el caso judicialmente sea procesado por jueces ordinarios y no especiales. “No puede haber defensa judicial con recursos públicos del Ministerio de la Defensa. En la justicia ordinaria deben procesarse los siete soldados criminales”, sostuvo la senadora de la oposición.
El representante a la Cámara, Inti Asprilla, planteó que la violación de la niña “no puede y no debe ser noticia de un día, es quizá la última prueba para saber si en Colombia hay algo de justicia contra criminales que se creen todo permitido por llevar el uniforme del Ejército”.
Otra voz desde el Centro Democrático fue el senador John Harold Suárez, quien declaró que “ante la lamentable noticia de un posible caso de violencia sexual contra una menor de edad indígena en Risaralda, solicitamos toda la disposición de las Fuerzas Militares y las autoridades competentes para esclarecer el hecho y hallar responsabilidades”.
El representante a la Cámara, David Racero, calificó a los uniformados de “desgraciados”, y a la vez solicitó una reestructuración de esa fuerza. “El Ejército es una institución que pudre a los soldados, los deshumaniza. Violaciones, corrupción, relaciones con mafias, asesinatos. Hace tiempo está pidiendo reestructuración”, indicó.
Una posición contraria tuvo el también representante a la Cámara, Jaime Felipe Losada, quien planteó que “a quienes quieren aprovechar el lamentable suceso de la violación de la niña para atacar y mancillar la imagen del Ejército vale la pena recordarles que la gran mayoría de los soldados son hombres probos, honestos y valientes que dan la vida por proteger a los colombianos”.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, señaló que la situación conocida este miércoles causa un “dolor en el alma (…) duele a porque uno no se imagina que un ciudadano colombiano sea capaz de vulnerar los derechos de una niña y eso debemos condenarlo”.
“VIVIR CON LAS SECUELAS”
El escabroso hecho también fomentó la indignación de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, quien rechazó los hechos ocurridos y pidió la realización de un protocolo de atención a la menor y a su familia por los hechos.
“Rechazamos este aberrante acto hacia los niños, que son el pilar de la sociedad. Solicité a Protección del ICBF, activar de inmediato ruta de atención de restablecimiento de derechos, ante el repudiable acto de violencia sexual en contra de una niña indígena de 12 años. Pedimos garantías para ella, y todo el peso de la ley para sus abusadores”, resaltó Arbeláez.
La menor fue puesta en un lugar de paso, con un equipo psicosocial de psicólogos y antropólogos que estarán estableciendo los procesos para la protección de sus derechos. Posteriormente, irá a un hogar sustituto para velar por su integridad y reparación, reseño la directora.
No obstante, vivir un episodio como una violación o de un abuso, es un proceso largo que puede dejar secuelas físicas, psicológicas y emocionales irreversibles.
Jorge Caucalí, psicólogo y magíster en Gestión Emocional, destacó que es importante evaluar una serie de comportamientos que puede tener el niño o joven, pues este tipo de agresiones genera inevitablemente un cambio en la persona.
«Ante estos hechos, un niño no puede expresar con palabras lo que ocurrió, ahí es donde se evidencian los cambios de comportamiento como inseguridad, dejar de comer ensimismamiento como mecanismo de protección, porque dadas las circunstancias, como el niño no entiende qué ocurre de forma externa, se vuelve un proceso introspectivo», explicó Caucalí.
Para el experto, este tipo de hechos no ocurren o no suelen ocurrir en público sino cuando el niño está solo en la casa o en la calle, por lo que también despierta mecanismos de violencia, introversión y agresividad, en los que siente repudio con la cercanía de alguna persona por miedo a que vuelva a ocurrir este hecho.
Respecto al manejo de la violación en un grupo familiar, Caucalí indicó que por lo general hay roces a nivel interno por la culpa, por no asistir al menor en su ayuda. Estas tensiones deben manejarse, pues esto, más la situación que vive el niño puede empeorar su salud mental.
Por otra parte, Nelson Rivera, subdirector de los programas de atención de la Fundación Renacer, destacó que “en la menor que sufrió este suceso, se están generando secuelas físicas y psicológicas, como sentimientos de vergüenza, culpa, estupor y miedo, que se manifiesta a través del sueño o en los hábitos alimenticios o en enfermedades como la depresión”.
Rivera resaltó además el rol de los medios de comunicación en casos como estos, pues se deben evitar acciones que en lugar de visibilizar un tema de gravedad, lo que hace es generar revictimización y morbo en torno a una experiencia traumática.
“Los medios de comunicación y las mismas entidades deben hacer una intervención respetuosa y cuidadosa de los hechos porque en todo caso, estamos frente a una niña víctima. Cualquier intervención debe estar encaminada hacia la reparación y la recuperación. Se debe evitar la exposición de la niña, el señalamiento o la entrevista con ella sobre un hecho doloroso”, concluyó.
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