“La denuncia anónima no existe en nuestra ley, pero el juez para iniciar una investigación no tiene que basarse en una denuncia formal, la puede basar en cualquier noticia criminal”, asegura un expresidente de la Corte Suprema.
De anónimos está hecha la justicia colombiana, denuncias de este tipo llegan todos los días a los despachos de policías, fiscales, contralores, procuradores, jueces y magistrados.
Por ejemplo, la Operación Andrómeda, en la que el hacker Andrés Felipe Sepúlveda estaba interceptando ilegalmente al equipo negociador de paz del Gobierno Santos, se desmanteló gracias a un correo anónimo que llegó a manos de la magistrada Cristina Lombana.
O como lo ocurrido con el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, a quien la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una indagación previa por un correo electrónico anónimo que llegó al despacho de la misma magistrada, señalando que era él quien recibía la información de las chuzadas y perfilamientos, aparentemente ilegales, que realizó Inteligencia del Ejército a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Pero no solo hechos en la Corte Suprema dan cuenta de la importancia que ha tenido en el país la denuncia anónima. Gran parte de la investigación contra las comercializadoras internacionales de oro que fueron intervenidas en las operaciones “La Leyenda del Dorado I y II”, de la Fiscalía General de la Nación, tuvieron su inicio en las denuncias anónimas de un ciudadano.
“En un país como Colombia el denunciante no está protegido, no tiene garantías para preservar su vida cuando denuncia un hecho de corrupción o algún delito cometido por un poderoso, por eso no podemos considerar que no se permita la preservación de la identidad, porque ello puede perjudicar el acto de denunciar, generando un desestímulo”, explicó Claire Launay, directora Programática de Iniciativas con Sociedad Civil de Transparencia por Colombia.
No obstante, esto no quiere decir que a cualquier anónimo que llegue a los estrados hay que prestarle atención.
El caso de Uribe
La denuncia contra el senador, Álvaro Uribe Vélez, que no ha sido conocida en su totalidad por la opinión pública, motivó a la Sala Especial de Instrucción de la CSJ a abrir indagación previa.
El escrito anónimo llegó el 17 de diciembre a las 4:32 de la tarde a la casilla de correo de la magistrada Cristina Lombana, con información muy detallada de cuáles eran los lugares en los que se hacían las chuzadas: “las unidades donde se realizan estas prácticas son unidades orgánicas de la Brigada de Inteligencia Militar N° 1 (Brimi 1), el Batallón de Inteligencia Militar N° 4 (Baime 4) y el Batallón de Ciberdefensa (Bacid)”. Y el destinatario, según el denunciante, era el expresidente Álvaro Uribe.
Cuando la Revista Semana publicó la trama de espionaje, interceptaciones y seguimientos hechos por el Ejército en 2019, varias de sus fuentes dijeron que el material era entregado a un miembro del Centro Democrático.
