El Juez Promiscuo de Familia del Líbano, le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que con las alcaldías de Líbano, Villahermosa y Murillo pongan en marcha un plan de acción que garantice asistencia alimentaria y sanitaria a las personas privadas de la libertad en la estación de Policía de ese municipio, y evite el riesgo de un eventual contagio de covid-19.
Así lo decidió el juez al fallar una acción de tutela instaurada por la Procuradora 302 Judicial Penal, quien solicitó la protección de los derechos a la dignidad humana, salud y vida de los presos, quienes permanecen en ese lugar sin las condiciones mínimas de seguridad sanitaria.
De acuerdo con el fallo, las condiciones de las personas privadas de la libertad en la estación de Policía de Líbano vulneran la Constitución Política, que prohíbe tratos y crueles y degradantes. “No hay disposición de sanitarios ni duchas, tampoco un ambiente sano, y además por la situación del coronavirus no es posible el aislamiento social con lo cual hay un evidente foco de contagio”.
El fallo del juzgado también ordenó que, además, de la alimentación también se suministren elementos de aseo personal, colchonetas, sábanas, agua potable, se instale una batería sanitaria para hombres y otra para mujeres, y que se disponga de jornadas de aseo permanente.
Igualmente, requirió la creación de un plan de atención en salud, que tenga como objetivo prioritario prevenir el contagio del coronavirus en el lugar. También, ordenó al alcalde del Líbano, Jesús Antonio Giraldo Vega, gestionar el proyecto para la construcción de un centro de detención para los reclusos.
