IBAGUÉ. Ante el Juzgado Sexto de Control de Garantías fueron imputados de cargos Carlos Heberto Ángel Torres, exgerente del Imdri, y Mauricio Campos del Cairo, contratista supervisor de los contratos, en el desfalco de los XX Juegos Nacionales.
La Fiscal Cuarta Delegada ante el Tribunal le imputó a Ángel Torres los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, este último por comisión por omisión. En el caso de Campos del Cairo, le achacó las conductas punibles de contratos sin cumplimento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Los hechos
Señaló la delegada del ente acusador, que ocurrieron en 2015 cuando fue adjudicado el contrato 087 de interventoría a la Constructora AYC S.A., cuyo representante legal es el también investigado Jesús Octavio Acosta Sánchez, que era el único que cumplía con los requisitos exorbitantes del pliego de condiciones como era la experiencia de 20 años y las sumas de áreas trabajadas a más de 30 metros cuadrados, por lo cual fue direccionado.
Por este contrato también fueron imputados Leonardo Alexánder Valero González, Orlando Arciniegas Lagos y el exalcalde Luis Hernando Rodríguez Ramírez. Recordó la Fiscal, que el contrato se adjudicó por 646 millones 145 mil pesos, de los cuales se pagaron 504 millones a la empresa AYC S.A..
Sin embargo, según el registro de costos de la empresa de 2015 y 2016, no se justificaron 164 millones de pesos, que sería el monto del peculado.
Refirió la delegada del ente acusador, que este dinero no se justificó debido a que no se contrató al personal de geotecnía, el arquitecto urbanístico y otros profesionales.
Además señaló que para acreditar la experticia de los profesionales, la empresa AYC habría falsificado seis certificados del ingeniero Melquicedet Cantor Bello, por el que ya fue imputado Acosta Sánchez.
Por su parte, Campos del Cairo era el encargado de velar porque el mismo se cumpliera y ese dinero se pagó sin cumplir con el fin.
Para Ángel Torres, señaló que era el encargado del contrato. Este último en el momento de no aceptar los cargos afirmó que no compartía lo dicho por la Fiscalía.