IBAGUÉ. El Juez Sexto Penal del Circuito condenó a los 10 implicados en el ‘Cartel de los Medicamentos adulterados’, entre ellos a Marco Antonio Ramírez Varón, dueño y gerente de Fundasalud.
Todos los sentenciados deberán pagar el tiempo en prisión, pues no les concedió ningún tipo de beneficio, teniendo en cuenta que estaban en detención domiciliaria. Al término de la audiencia los guardianes del Inpec llevaron a las 10 personas a las instalaciones del Coiba de Picaleña.
El fallo. Marco Antonio Ramírez Varón fue condenado a siete años, 10 meses, siete días y 12 horas, además a pagar una multa de más de 372 millones de pesos y la inhabilitación para el ejercicio del comercio de medicamentos por el mismo tiempo de la pena principal.
Yesid Wilches Machado, propietario de la empresa Dristrimedical’s S.A.S., fue condenado a ocho años, cuatro meses y 24 días. También como parte de la pena le impusieron una multa de 286 millones 887 mil 60 pesos.
En el caso de Arsenio Collazos Sanabria y los hermanos Sergio Andrés, y Luis Alejandro Bedoya Moreno, pagarán seis años y seis meses, más una multa superior a los 148 millones de pesos cada uno.
Mónica Liliana Ovalle Páez, secretaria de Fundasalud, recibió una sentencia de seis años, seis meses y 21 días de prisión, además 197 millones 364 mil 58 pesos de multa.
En contra de Guillermo Andrés Castellanos Montaña y Juan Gabriel Basto Montaña, el togado impuso la condena de cinco años, 10 meses y seis días de prisión, más una multa de 122 millones cinco mil 502 pesos.
En el caso de Carlos Julio Moncada, lo condenó a cinco años, seis meses y nueve días, además una multa de 161 millones 482 mil 620 pesos.
Por último, la condena más baja fue para Germán Humberto Pinto Guzmán, quien fue sentenciado a cuatro años, seis meses y 18 días de prisión, y una multa de 107 millones 655 mil 080 pesos.
Todos los condenados quedaron inhabilitados para ejercer el comercio de medicamentos por el mismo tiempo de prisión de cada uno, así como para ejercer cargos y funciones públicas. Asimismo, no podrán celebrar personalmente o por interpuesta persona, contratos con el Estado a perpetuidad.
Más decisiones. En una de las decisiones más importantes, ordenó a la Fiscalía que priorice la identificación y judicialización de los servidores o exservidores públicos que por acción u omisión tuvieron injerencia en las conductas delictivas investigadas, especialmente en lo que tiene que ver con el direccionamiento o favorecimiento de contratación de la Secretaría de Salud departamental del Tolima, las deficiencias u omisiones en las labores de control y seguimiento.
Además pidió investigar el tráfico de influencias o participación en general que pudieron tener políticos de la región, médicos y abogados, tal y como lo infieren las comunicaciones interceptadas.
También ordenó entregar el vehículo de placa HQV 990 a favor de Angélica Constanza Moncada Ramírez y el levantamiento de la medida cautelar de cierre temporal de Maxitienda El Cruce.
Mandó, además, destruir la totalidad de medicamentos adulterados incautados, compulsar copias a la Fiscalía para que adelante la acción penal correspondiente por la presunta comisión de las conductas punibles de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y se promueva la extinción de dominio respecto a los condenados y terceros que puedan tener vinculación.
De igual manera, compulsó copias a la Contraloría General de la República para que con las copias de la sentencia y un informe del 24 de abril de 2015, adelante la acción de responsabilidad fiscal contra los funcionarios de la Secretaría de Salud departamental, que dieron lugar al detrimento patrimonial al Estado.
Por último, compulsó copia del fallo al Tribunal de Ética Médica del Tolima con el fin de que investigue disciplinariamente al doctor Iván José Barragán Solís, por un concepto que aportó en el caso investigado.
La denuncia. En noviembre de 2013 la Fiscalía recibió una denuncia anónima en la cual se informó que en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué se le suministró a un paciente enfermo de hemofilia el medicamento Novoseven, sin que tuviera mejoría. Por el contrario, el paciente falleció.
La IPS que suministró el medicamento era Fundasalud IPS, cuyo representante legal es Marco Antonio Ramírez Varón y que Distrimedical’s S.A.S., también había intentado suministrar ese medicamento al Hospital. Dicha empresa en mayo de 2014 aparecía representada por Yesid Wilches Machado.
La Fiscalía recaudó pruebas, búsquedas en bases de datos, interceptaciones telefónicas, vigilancia de inmuebles y seguimientos, en los cuales determinó que entre noviembre de 2013 y marzo de 2019, Fundasalud IPS se abasteció en gran volumen de medicamentos de alto costo provenientes de contrabando y/o alterados, los cuales adquiría a precios irrisorios en el mercado negro, y surtido por gran cantidad de personas.
Esos sujetos conseguían los medicamentos que requería Fundasalud para las enfermedades catastróficas como hemofilia y varios tipos de cáncer, que son ordenados por vía judicial (tutela) a pacientes de las EPS Emcosalud, Salud Vida, Caprecom y Magisterio.
La participación de los condenados. Mónica Liliana Ovalle, jefe de compras de Fundasalud, junto con Marco Antonio Ramírez Varón, quien es el propietario del establecimiento y suplente, pues aparece como representante legal su hija.
La pareja para legalizar la actividad ilícita contaban con una empresa fachada denominada HYN, que no existe físicamente y donde aparece la mujer como representante legal suplente, en la cual facturaban los medicamentos procedentes del mercado negro para darle visos de legalidad.
Carlos Julio Moncada, trabajador de Fundasalud, según la Fiscalía, era el encargado de adquirir los medicamentos a precios inferiores a los normales, es quien activaba la alarma cuando se necesitaba un medicamento vía tutela y negociaba medicamentos del mercado negro.
Germán Humberto Pinto, Arcenio Collazos, Juan Gabriel Basto Granada y los hermanos Sergio Andrés y Luis Alejandro Bedoya Moreno, dentro de la investigación se determinó que se dedicaban a la venta de medicinas de contrabando y adulteradas que obtenían en el mercado negro, provenientes de Venezuela y Ecuador. Además eran los principales proveedores de medicamentos de Fundasalud IPS. Sostenían contacto permanente con Marco Antonio Ramírez y Mónica Liliana Ovalle.
Los fraudes. En el caso de Yesid Wilches Machado, como propietario de Distrimedical’s S.A.S., suministraba medicamentos del mercado negro y alterados a los pacientes de la EPS.
Wilches Machado junto con Fredy Poveda y otros, crearon una fundación con el propósito de reclutar personas en condición de calle o estratos sociales bajos, para llevarlos al régimen subsidiado de salud y hacerlos pasar como pacientes de hemofilia, para que un médico de apellido González, les ordenara los medicamentos vitales no disponibles, como lo son Travinasa, Daunoson, Embolizador de tumores y Pepsigatín, los cuales tenían ellos la autorización exclusiva del Invima para introducirlos al país y facturaban a altísimos costos.
Hay registros de hasta 22 millones de pesos por medicamento, cuando el valor real era de seis millones de pesos.
Por último, la Fiscalía estableció que Wilches Machado tenía un abogado para que le hiciera las acciones de tutelas a los reclutados y se ordenara el suministro de medicamentos, para luego mover influencias y obtener provecho en las contrataciones de la Secretaría de Salud, a la cual le hacían el cobro por los medicamentos suministrados, que ascendería a 340 millones de pesos por cada paciente o usuario.
Cierre de Fundasalud. El togado entre sus decisiones, ordenó la cancelación de la personería jurídica de la Fundación Vida y Salud Solidaria, Fundasalud IPS, y el cierre definitivo de la totalidad de sus sucursales, agencias, oficinas y establecimientos de comercio asociados tales como el Depósito de Medicamentos Fundasalud IPS, Dispensario Fundasalud y Dispensario Ibagué. Además ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud que de acuerdo con la ley y las normas ejerza la competencia y ordene la toma de posesión e intervención forzosa administrativa para liquidar a Fundasalud IPS.
El administrador de justicia ordenó a la Secretaría de Salud Departamental del Tolima proceder de manera inminente al cierre definitivo de Fundasalud IPS, advirtiendo que cualquier acto de disposición u ocultamiento sobre los bienes, dineros, activos o haberes de la fundación puede generar responsabilidad penal por los delitos de fraude a resolución judicial, alzamiento de bienes, entre otros.
Los delitos. Los condenados aceptaron en las audiencias de imputación de cargos los delitos para todos de concierto para delinquir; y en algunos casos las conductas punibles que les imputaron como: corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; favorecimiento o facilitación del contrabando; enajenación ilegal de medicamentos agravado; usurpación de derechos de propiedad industrial, estafa agravada y tráfico de influencias de particular.
