IBAGUÉ. El Procurador Primero Delegado Para la Vigilancia Administrativa sancionó a los 16 concejales de Ibagué por un periodo de nueve meses y calificó la falta como grave, por cómo asumieron la designación del contralor Ramiro Sánchez y omitieron atender dudas y advertencias ante las cuales eligieron de todos modos pasando por alto del deber de cuidado.
El delegado del Ministerio Público reconoció como atenuantes que los ediles no tienen antecedentes fiscales y disciplinarios, y con la elección no se atentó contra ningún derecho fundamental.
Eso sí, los sancionados desconocieron el deber de cuidado necesario, porque omitieron las dudas y eligieron a Ramiro Sánchez, quien fue director de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), a pesar de las advertencias de que estaba inhabilitado y se apartaron de los principios de la función pública.
Según la Procuraduría, existían dudas sobre la elección del nuevo Contralor Municipal, así que el Concejo debía verificar si había algún tipo de inhabilidad con la CUN, encargada del concurso de méritos, que a su vez no revisó dicho aspecto.
Además, al ser los directos voceros de la ciudadanía representan los intereses de la comunidad ante la Administración municipal, por lo que los cargos ejercidos son del más alto nivel de cuidado en el desempeño de sus funciones.
Estaba inhabilitado. Ramiro Sánchez fue elegido contralor de Ibagué el sábado 9 de enero por los 16 concejales investigados por la Procuraduría.
Pronunciamiento. El abogado Andrés Leonardo García Prada, abogado del concejal Víctor Ariza, señaló que, “vamos a presentar el recurso de apelación y sustentarlo para la segunda instancia, la cual será resuelta por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación y consideramos que tenemos los argumentos jurídicos suficientes para desvirtuar lo proferido en el fallo”.
Y agregó que, “los argumentos que atacaremos, es desvirtuar el hecho de que los Concejales para la elección del doctor Ramiro Sánchez no tuvieron el cuidado necesario y no fueron precavidos, ni desarrollaron las diligencias necesarias para posesionar a una persona inhabilitada. Consideramos que hay elementos probatorios suficientes para demostrar lo contrario y es notable que no se tuvieron en cuenta las pruebas a favor de nosotros”, dijo el defensor.
Por su parte el concejal Jorge Bolívar señaló: “Lamentablemente el Procurador no tuvo en cuenta los argumentos utilizados por la defensa, pero sigo manifestando que la Constitución Nacional estableció las inhabilidades para ocupar el cargo de Contralor y tengo el decreto de la Esap que le da el carácter de índole nacional y ni siquiera lo tocó en el fallo. Vamos a agotar todas las instancias necesarias y si es el caso, ir hasta el Consejo de Estado para defender nuestros derechos”, concluyó.
