IBAGUÉ. No cesan las repercusiones en el caso de los 10 trabajadores y ex trabajadores de la Fundación Peces Vivos del barrio La Pola señalados de torturar, drogar y maltratar física, y psicológicamente a un grupo de menores en condición de discapacidad.
Un nuevo aspecto fue el hallazgo de un video institucional de la Gobernación del Tolima donde Adriana Magali Matiz, ex secretaria de Inclusión Social Poblacional, destacó a la Fundación.
“Cuenta con todos los requisitos y las condiciones para prestar un servicio a las personas que tienen discapacidad en el Departamento”, señaló en ese momento.
Pero después que el caso estuviera en la agenda informativa del País, el video desapareció de Youtube, y un noticiero de orden nacional dialogó con Matiz sobre el episodio.
“Del Icbf nos recomendaron que la Fundación podía prestar ese servicio e iniciamos con los trámites correspondientes para el convenio”, dijo Matiz en la actualidad.
El documento. El convenio interinstitucional del 2 de diciembre del 2016, fue suscrito por 12 millones 500 mil pesos. En el mismo la Gobernación elogió la experiencia de Peces Vivos.
“La Gobernación del Tolima suscribió un convenio con una entidad sin ánimo de lucro con amplia experiencia en el manejo y cuidado de pacientes con discapacidad mental, psicológica y física, para la atención integral”, destaca en las líneas.
La audiencia. Ayer continuó la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, donde la bancada defensiva hizo un hallazgo revelador que le podría dar un giro al destino de la diligencia.
“Parece ser que la Fiscalía tiene un peritaje que demuestra que la firma y sello del psiquiatra fueron falsificadas, la pregunta es quién lo hizo y las repercusiones que debe tener”, señaló David Palacios, defensor.
Lo anterior cobra relevancia, toda vez que los procedimientos a los menores al parecer sólo se ejecutaban con el aval y la autorización escrita del psiquiatra.
También de forma extraoficial se conoció que supuestamente las cámaras de seguridad del recinto fueron alteradas.
Se estima que la audiencia se prolongue un par de días más, mientras ambas partes tienen el tiempo de controvertir las pruebas.
Tenga en cuenta. Los familiares de las personas detenidas denunciaron ser blanco de amenazas en medios digitales y personalmente en sus residencias, pues en el ámbito popular fueron ‘condenados’ por la ciudadanía.
