IBAGUÉ. Frente a la casa de lenocinio ‘Donde Chava’, ubicada en la carrera Segunda entre calles 17 y 18, una discusión el miércoles en la tarde entre una trabajadora sexual y un reconocido vendedor de chicles terminó en tragedia cuando el ambulante golpeó en la cara a la mujer, quien sacó de un bolso negro una pistola Walther PP7 con la que le disparó en el abdomen.
Por la carrera Segunda transitaban en moto al momento de los hechos dos efectivos de la Sijín quienes se percataron de la riña y al ver a la meretriz armada, se devolvieron en contravía, pero llegaron cuando la mujer ya había disparado y emprendía la huida. Uno de los miembros de la Fuerza Pública gritó a la joven que se detuviera, pero al negarse hizo dos disparos al aire para que se rindiera.
La joven meretriz fue identificada como Angélica Castaño Herrera, de 21 años de edad y residente del barrio La Gaviota, quien además del arma, portaba en el bolso un paquete con 4.4 gramos de ‘perica’, unos guantes de látex y un tubo de ensayo con una sustancia que utilizaría para inducir al sueño a las personas. Además portaba escrito en papel la ‘Oración al Justo Juez’.
El herido, quien inicialmente fue identificado por las autoridades como Norember Ruíz, de 34 años, y luego se estableció que en realidad se llamaba Rolando Mayorga Olaya, de 39 años de edad, fue trasladado a la Clínica Tolima, donde falleció ayer en la madrugada por un shock hipovolémico.
LE DIERON CÁRCEL
Angélica Castaño Herrera compareció ayer ante el Juez Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías por los hechos ocurridos la tarde del miércoles. Durante la audiencia, se estableció que el arma era de fabricación industrial alemana, en buen estado, y tenía el número de serie alterado en sus últimos tres dígitos. Tanto el proveedor como los cartuchos eran de Indumil.
También se presentó un informe de Medicina Legal que constató que la meretriz fue golpeada en la cara cerca a la nariz por el occiso antes del crimen, por lo que fue atendida en el Hospital San Francisco. La Fiscal le imputó los delitos de homicidio agravado en concurso con tráfico, porte y fabricación tanto de armas de fuego, como de estupefacientes. El agravante del homicidio fue la situación de indefensión de la víctima.
El abogado de la muchacha argumentó que ella actuó en legítima defensa y que al abrirle el bolso se le violó la intimidad a lo que el Juez le pidió que se centrara en la imputación de cargos. Finalmente la Fiscal del caso solicitó la medida de aseguramiento en centro penitenciario. La defensa pidió abstenerse de la medida, ya que la trabajadora sexual no es peligrosa para la comunidad, sino que defendió su vida e integridad ante las agresiones constantes de la víctima.
Agregó que si el sujeto no hubiera ido a buscarla y agredirla, estaría con vida, por lo que pidió detención domiciliaria, al considerar que la mujer es madre de un menor de edad y cabeza de familia. El juez aceptó la solicitud de la Fiscalía y la envió al Centro Penitenciario de Picaleña.
