BOGOTÁ. La Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en una larga audiencia, acusó al gobernador del Tolima Óscar Barreto Quiroga de ser responsable de tres delitos: contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.
Mientras tanto, al ex gobernador Fernando Osorio le imputó los presuntos delitos de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Los dos son procesados por la celebración de un convenio de cooperación suscrito entre la Gobernación del Tolima y la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, Secab, en el año 2007 (bajo el mandato de Osorio y liquidado en 2008 en la primera administración de Barreto).
Nuevo en el caso. En la diligencia judicial, el Fiscal involucró en el caso a Alejandro Rozo Gaeth el secretario de Educación de la época (2007) a quien acusó con el término de cómplice en la suscripción del primer convenio y la adición posterior.
El magistrado Joaquín Burbano, del Tribunal Superior de Bogotá, avaló la imputación a lo que los dos acusados se declararon inocentes: “me declaro inocente”, dijo Barreto. “no me allano a los cargos”, expresó Osorio.
Sobre las 10:30 de la mañana el Magistrado declaró un receso y hacia las 2:00 de la tarde reanudaron la diligencia judicial.
Detalles del convenio. El convenio 336 de mayo de 2007, cuyo objeto era la adquisición de mobiliario escolar, sillas para instituciones escolares e infraestructura tecnológica para la Gobernación y capacitación de docentes, entre otros, fue firmado por el entonces gobernador Fernando Osorio y terminó liquidado en medio de posibles irregularidades, en el 2008, por el entonces mandatario Barreto.
Para la Fiscalía Delegada, el convenio violó principios de selección objetiva, careció de planeación y no tuvo en cuenta requerimientos técnicos para su ejecución.
También habló de saldos sin ejecutar por 54 millones de pesos, recursos que no fueron devueltos a las arcas del departamento. Así mismo, mencionó bienes por valor de 250 millones de pesos que no aparecieron.
El delegado de la Procuraduría General de la Nación respaldó la solicitud de medida de aseguramiento debido a que “de esta manera se protegería a la sociedad”.
El Gobernador y los ‘barretistas de corazón’ sudaban frío y cruzaban los dedos.
La decisión de imponer una medida de aseguramiento quedó programada para este martes 7 de marzo a las 9:00 de la mañana.
Dato. El ex secretario de Educación del Tolima, Alejandro Rozo, iba a ser nombrado como vicerrector administrativo de la Universi-dad del Tolima.
