IBAGUÉ. Luego de tantos ‘ires y venires’, presuntas amenazas, protestas, platones y una larga espera, los ibaguereños respiraron tranquilos al conocer que el Tribunal Administrativo declaró ilegal el acuerdo donde estaba el proyecto de las ‘fotomultas’.
En el documento estudiado y aprobado en Sala de Decisión el 20 de noviembre, se expresa que “no existe una fuente de financiamiento legal para pagar a los eventuales concesionarios e interventor las obligaciones derivadas de los contrato autorizados por el Concejo, y en consecuencia, una vez constatadas que en el presente caso se requiere de la autorización de vigencias futuras excepcionales en los términos de Ley para su celebración y ejecución”.
Así mismo, especificó que “impide conferir al mandatario local la potestad de modificar el presupuesto anual del Municipio con el fin de recibir, incorporar, adicionar y distribuir los ingresos a percibir por las autorizaciones concedidas en el Acuerdo 011 expedido por el Concejo de Ibagué”.
En el documento también se aclaró que “es evidente la oposición del acto administrativo con el ordenamiento jurídico, razón por la cual se declara su ilegalidad conforme a los anteriores planteamientos”.
Las decisión del Tribunal ha generado diversas reacciones, entre estas las de taxistas, conductores particulares, moticiclistas y ciudadanos del común, que coincidieron que una batalla ganada por parte del pueblo.
“No hay duda que al aplicar las fotomultas hay tecnología en la Ciudad, pero el pueblo también iba a perder mucho porque la plata se iba a quedar en una empresa privada e Ibagué no tiene infraestructura vial”, aseguró María Antonia Vásquez, conductora particular.
Empezó el ‘problema’. El 21 de julio, antes de la aprobación del acuerdo la Secretaría de Tránsito Municipal hizo la socialización del Proyecto en el auditorio de la Cámara de Comercio. Allí expuso costos y ventajas del proyecto, de los que varias personas estuvieron en contra.
Aprobó por partes. El concejal Pedro Mora, votó a favor del acuerdo, y al conocer la decisión jurídica aseveró: “La ley se debe acatar y cumplir la decisión”. Y enfatizó que su voto fue negativo para el articulado que especificaba los porcentajes, ya que no estaba de acuerdo con la concesión de los 20 años: “Mi voto fue parcial y en el aspecto tecnológico sí estuve de acuerdo”, puntualizó.
Todos por una causa. El 23 de julio los conductores de carros, motociclistas y transeúntes organizaron una marcha pacífica en protesta de la medida, que inició en el estadio Manuel Murillo Toro y finalizó frente a la Alcaldía Municipal, pidiendo la no aprobación del acuerdo.
20 años. era el tiempo en que el proyecto iba a estar en manos de particulares.
El acuerdo anulado no tiene segunda instancia, según Ley 1437 de 2011
