IBAGUÉ. Dos días de arresto podrían pagar en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Ibagué, el alcalde Luis H. Rodríguez y el ex gerente de la Gestora Urbana, Arlén Márquez, por el desacato a una tutela que amparaba el derecho a una vivienda digna.
La decisión la tomó en primera instancia la Juez Cuarta Penal Municipal de Conocimiento, luego de conocer el fallo del 25 de septiembre de 2012 en el que la Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía de Ibagué y a la Gestora Urbana la reubicación transitoria de María Eugenia Gutiérrez Valencia y su familia, en un plazo máximo de 15 días.
La medida señalaba que la mujer debía incluirse en un programa de vivienda de interés social en un plazo de seis meses.
Respondió. Luis H. Rodríguez, indicó a Q’Hubo: “Aún no se ha hecho efectiva la medida. Buscamos solución al tema de manera que permita satisfacer sus derechos y que impida, por supuesto, que el Alcalde sea detenido o arrestado”, dijo el burgomaestre.
Según Rodríguez: “Ya la Secretaría Jurídica está buscando alternativas”, sostuvo.
El Alcalde refirió que la respuesta a tutelas por el problema de la invasión de las viviendas en Nueva Castilla por parte de terceros viene de hace siete años, pero como mandatario de los ibaguereños, es su obligación responder por las tutelas.
“Tenemos que encontrar vivienda para los invasores y permitir a quienes adquirieron ese derecho, que puedan disfrutar de sus casas. Es una situación compleja, porque hay un fallo de la Corte Constitucional que da a entender que tanto el Ministerio de Vivienda como el Municipio deben buscar alternativas y soluciones, por eso hemos tocado también las puertas del Gobierno Nacional, para que nos ayuden a encontrar la solución”, precisó.
En enero de 2011, cerca de 400 personas invadieron las casas del proyecto de interés social en el barrio Nueva Castilla.
En la actualidad, 93 personas siguen habitándolas.
Tutela en consulta. El fallo de tutela no está en firme, pasó por reparto a un juzgado del circuito que revisará la decisión y puede modificar o revocar la sentencia.
Además, el Gobierno Municipal tiene la opción para demostrar en el término que dure la consulta, cerca de 20 días, que cumplió con el fallo de tutela y no enfrentar el arresto.
Además de la medida privativa de la libertad, los sancionados tendrían que pagar cada uno un Salario Mínimo Legal Vigente a favor del Consejo Superior de la Judicatura.
Posibles soluciones
Según Rodríguez, se podrían tener en cuenta estas estrategias:
1. Incluirlos en el proyecto de 1.100 viviendas gratuitas, pero no hay respuesta.
2. La forma de pagarles arriendo, mientras se busca una solución definitiva.
3. Recursos para subsidios.
4. Alternativas para construir un proyecto de vivienda especial y así resolver el problema.
