En una acción conjunta entre la Administración Municipal y demás instituciones del Estado, se concertó con las personas la desocupación del lugar de manera voluntaria.
En un operativo conjunto liderado por la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional, con el apoyo de otras autoridades locales, se logró recuperar un predio invadido ilegalmente por más de 20 personas en el barrio La Cartagenita, ubicado cerca de La Variante, comuna 11 de la ciudad.
«Un grupo de personas que decían ser víctimas de la violencia se tomaron un lote en el barrio La Cartagenita. Inmediatamente, movilizamos todo el aparato del Estado, nuestros gestores de convivencia dialogaron con estas personas, solicitándoles que se retiraran del lugar. También intervino la Defensoría del Pueblo, pero no acataron la solicitud», señaló Edward Amaya, secretario de Gobierno de Ibagué.
Por su parte, el personal de la Secretaría de Desarrollo Social realizó una caracterización de las personas involucradas, encontrando que la mayoría no estaban reconocidas oficialmente como víctimas, y otros ya habían recibido ayudas del gobierno. Ante esta situación, se estableció un puesto de mando unificado para brindar atención integral y proceder a la recuperación del predio.
«Con la Personería y la Policía Nacional, acordonamos el área. En el puesto de mando unificado, decidimos que la Secretaría de Desarrollo Social verificara si estas personas eran efectivamente víctimas de la violencia, y les informaran sobre la oferta institucional disponible a nivel local, regional y nacional», explicó Amaya.
Después de deliberar en el puesto de mando unificado, se solicitó a los invasores que abandonaran voluntariamente el predio y se les explicó que de no hacerlo se debería tomar una acción preventiva por perturbación del predio. A las seis de la mañana de este jueves, las autoridades hicieron presencia con la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Policía Nacional, logrando que las personas desalojaran el terreno, que fue devuelto a su propietario.
El secretario de Gobierno recordó a la ciudadanía que cualquier persona que se considere víctima de los grupos armados ilegales puede acercarse a las instituciones gubernamentales para ser incluida en diversos programas sociales, reiterando que las vías de hecho no son el camino para las reclamaciones. «Esta es otra muestra de la autoridad que debe ejercer el Estado frente a acciones irregulares», concluyó Amaya.
