La Fiscalía dio a conocer que fue imputado el alcalde de Casabianca, por presuntas irregularidades en un contrato de suministro durante su primera administración en 2017.
Los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos al Grupo de Administración Pública, hallaron irregularidades en el contrato hecho en 2017.
No aceptaron los cargos
Un despacho adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, imputó cargos a William Cardona Orozco, por presuntas irregularidades detectadas en un contrato de suministro para el mejoramiento de vías de Casabianca, el cual celebró en octubre del 2017 cuando se desempeñaba como alcalde del municipio.
Así mismo, fue imputado el exsecretario de Planeación, Fabián Hurtado Orozco, quien fungió como supervisor, y el contratista Paulo César Huertas Céspedes, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, según sus responsabilidades individuales.
Los hechos motivo de investigación ocurrieron cuando el mandatario adjudicó un contrato de suministro por selección abreviada con Huertas Céspedes, por valor de noventa y cinco millones doscientos sesenta y cinco mil pesos ($95´265.000), el cual tenía por objeto “Contratar la adquisición de materiales e insumos con destino a la adecuación de puntos críticos de las vías y diferentes veredas del municipio de Casabianca, por un término de veinte (20) días”.
El municipio pagaría el valor del contrato una vez se ejecutara el total de las actividades o cuando fueran entregados los productos objeto del contrato.
En el acta final de liquidación, peritos del CTI del Grupo de Administración Pública de la Seccional Tolima, hallaron múltiples irregularidades, ya que se consignó información sobre material que jamás se entregó, y en otros casos, no se hizo de manera completa.
El supervisor dio fe mediante acta final que el contratista había cumplido el contrato a cabalidad.
Es así como el peculado ascendería a la suma de ocho millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos ($8´435.000), utilizando como soportes para autorizar dicha apropiación
documentos públicos ideológicamente falsos.
Ninguno aceptó los cargos enrostrados.
