ANTONIO GUZMÁN OLIVEROS
Los días grises para una familia ibaguereña iniciaron cuando fueron contactados desde El Salvador para informarles que uno de los suyos había sido detenido por ser sospechoso de integrar una pandilla, incluso, de los llamados ‘maras’ de este país centroamericano.
Y aunque han intentado por todos los medios que el gobierno del presidente Nayib Bukele pueda deportar a sus seres queridos, no han recibido respuestas, tampoco ha sido posible alguna comunicación con el detenido y lo que saben es que los tienen en condiciones deplorables.
Cuenta la hermana de Julián Ruiz que él se fue el pasado 7 de junio para El Salvador en busca de un mejor futuro, pero lo que no sabía era que el oficio que le ofrecieron está prohibido en dicha nación.
“Mi hermanito se fue el 7 de junio y lo detuvieron el 14 de julio. En Colombia la situación está ‘berraca’, así que le ofrecieron un trabajo de cobrar dineros ‘gota a gota’, ahora lo acusan de pertenecer a las pandillas”, cuenta.
Asegura que desde hace 20 días no ha escuchado la voz de su hermano, y lo que sabe de él es por medios de comunicación, ya que en el Penalito Bartolinas, donde lo tienen recluido, no les permiten llamadas.
“Sus derechos son vulnerados, nos toca enviarle dinero a una señora para que lo alimenten porque tampoco les dan comida. Entre la familia hacemos colectas porque ese presidente los deja morir de hambre”, agrega.
También deben girarle a un abogado, remitir documentación apostillada, viajar a Bogotá para poder hablar en el consulado; incluso los registros civil de sus dos hijos.
Otro de los líos que enfrenta el joven y por lo que lo acusan de ser pandillero es por tener tatuajes, pues en este País, desde que se instauró el régimen de excepción, están prohibidos.
“Fuimos con la esposa de mi hermano a Bogotá al consulado y no sirvió de nada, porque dijeron que nos iban a responder y llevamos 15 días sin una llamadas y como nosotros hay otras familias, algunas sí las han llamado”, agregó.
El problema se agrava porque la madre de Julián debe someterse día de por medio a diálisis y luego de saber la situación de su hijo entró en depresión.
“No sabemos qué hacer, pedimos que nos escuchen, que nos ayuden, no sabemos qué más hacer, ha sido duro y nos da miedo que pase algo. Mi hermano tampoco tiene antecedentes judiciales”.
Y mientras esperan, ahora se unieron a un grupo de WhatsApp donde hay más familias ibaguereñas y de otros lugares de Colombia con parientes en situación similar.
La familia de Óscar Carmona, que desde hace unos años llegaron a vivir a Ibagué provenientes de Antioquia también sufren por la detención de su hijo, pues con los ánimos de probar suerte en otro país decidió vender el carro que tenía y voló el pasado 4 de mayo a la capital salvadoreña.
La mala noticia llegó el 14 de julio cuando lo detuvieron las autoridades y le endilgaron cargos por lavado de activos.
“Mi hermano alcanzó a hacer una llamada y a partir de ahí no hemos vuelto a comunicarnos. Sabemos que fue detenido con otras personas. Fuimos a la Cancillería sin recibir respuestas. Debemos enviar dinero, él está con otra nueve personas y semanalmente debemos reunir tres millones y medio de pesos para la manutención de ellos. Ya llevamos más de dos millones en documentación”, contó una hermana.
Como en el caso de Julián Ruiz, la familia Carmona alega que su pariente no tiene antecedentes judiciales, el problema es que tampoco puede salir bajo fianza porque en El Salvador, aunque no hay pruebas de demuestren que Oscar hace parte de alguna organización, este delito no tiene beneficios.
