REDACCIÓN Q’HUBO – qhuboibague@gmail.com
Concierto para delinquir, ecocidio y cohecho por dar u ofrecer, tras su entrega voluntaria ante el CTI de Barranquilla, fueron los cargos que la Fiscalía General de la Nación le imputó a Manuel Benjamín García Turizo, propietario de la constructora El Poblado S.A., con sede en La Arenosa, quien es responsable del proyecto urbanístico Villa del Mar en Carmen de Apicalá. Por los hechos han sido capturadas 25 personas.
Habría pagado por licencias
Hace unas semanas, Q’HUBO informó sobre la entrega del empresario García Turizo ante la Unidad de Reacción Inmediata de Barranquilla. Sobre el imputado pesaba una orden de captura desde noviembre de 2021 por la presunta afectación que su proyecto ocasionó en un espejo de agua que fue rellenado con sustrato.
Varios funcionarios de la constructora El Poblado fueron judicializados, y aunque quedaron en libertad, siguen vinculados al proceso.
En el hecho estarían comprometidos funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, y de Cortolima, así como 12 personas particulares, quienes a cambio de sumas de licencias ambientales, situación que al parecer ocurrió en este caso, para beneficiar a dinero se encargaban de direccionar en esas dos entidades trámites que son gratuitos como modificación de montos de recibos prediales, corrección de áreas y desenglobe de predios.
Entre los ‘chanchullos’ que supuestamente realizaban, está incluido también el trámite de García Turizo, pese a la grave afectación que su proyecto causó al ecosistema en Carmen de Apicalá.
Esto se habría adelantado con la complicidad de Luis Carlos López Guevara, denominado como el líder del grupo, junto con ingenieros de Cortolima.
El ente acusador indicó que integrantes del CTI incautaron maquinaria que estaba siendo utilizada de manera irregular en la zona de construcción del proyecto. A García Turizo no se le impuso medida de aseguramiento, pero deberá seguir compareciendo por el proceso.
Cabe recordar, que el 17 de diciembre de 2021, una jueza con funciones de control de garantías decidió enviar a la cárcel a cinco de los 25 detenidos por el caso. Entre tanto, se otorgaron 11 detenciones domiciliarias, tres no privativas de la libertad y cinco libertades.
