REDACCIÓN Q’HUBO – qhuboibague@gmail.com
La Fiscalía del Tolima imputó cargos por estafa agravada a los abogados penalistas Diego Fernando Noha Castillo, Benjamín Édgar Torres Rondón, Mauricio Páramo Cortázar y Óscar Javier Gallego Cortázar. Ninguno aceptó los cargos imputados por la fiscal.
Los profesionales del derecho presuntamente entre 2010 y 2013 estafaron a 26 personas por la suma de 700 millones de pesos, bajo la modalidad de ‘falso remate’. Al parecer se hicieron pasar como funcionarios públicos encargados de tramitar la venta de inmuebles en remate por cuenta de la Dirección Nacional de Estupefacientes u otras empresas del sector público o privado, para así pedirle dinero a las víctimas en grandes cantidades.
Ofrecían remates
“Bajo esta argucia le solicitaban grandes cantidades de dinero a las víctimas. Se logró establecer por parte de los investigadores de la variable de estafa, que existían 18 noticias criminales en las que habrían participado por el delito de estafa agravada”, dijo Anderson Pinilla Sandoval, director seccional de Fiscalías del Tolima.
Agregó el funcionario, que los abogados “ofrecían servicios de trámite y asesoría en la compra de bienes inmuebles en remate presuntamente de la Dirección Nacional de Estupefacientes y con fundamento en ello hacían firmar a las partes un contrato de prestación de servicios, el cual era debidamente autenticado en notaría”.
Añadió Pinilla Sandoval, que luego de este trámite, “en el cual quedaba registrado el valor del primer abono para hacerse a los inmuebles en un precio que se hacía ver o que se hacía por los abogados que era muy bajo del valor comercial, y de esta manera garantizaban el pago de un primer abono que una vez realizado garantizaría que ellos tuvieran el bien”.
Las víctimas entregaban el dinero de manera inmediata y los abogados. Utilizaban la figura de la cesión de crédito o derechos litigiosos, que pertenecen o son administrados por empresas del sector público o privado. Todos los bienes inmuebles están ubicados en Ibagué y a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Luego de transcurrido el término para el cumplimiento del contrato, los afectados, todos ubicados en el Departamento, se percataban de la estafa al no poder acceder al bien inmueble negociado ni tampoco lograban recuperar el dinero entregado.
TOME NOTA
Según el Director Seccional de Fiscalías, falta por vincular a la investigación a cuatro personas más, entre ellas tres abogados y un particular.
