La Sala Plena del Alto Tribunal, consideró que el Acto Legislativo con el que el Congreso había aprobado esta pena restrictiva de la libertad es contrario a la Constitución y atenta contra el principio de la dignidad humana, pues “sólo si se reconoce que la persona condenada puede retomar su vida en sociedad, se comprende que es posible la modificación de su conducta y el desarrollo de su autonomía y su libre determinación”, determinó la Corte. La congresista tolimense Adriana Magaly Matiz, una de las ponentes del proyecto, lamentó, que la Corte “haya puesto por encima de los derechos de las víctimas, los derechos de violadores y asesinos”, dijo. Por su parte, algunos contradictores de la cadena perpetua, señalaron que la norma había nacido “muerta” y todo habría sido populismo de los legisladores.
