La Corte Constitucional puso fin al conflicto por competencias respecto a la investigación por el crimen de Santiago Murillo, el adolescente ibaguereño que fue ultimado por un proyectil de arma de fuego el 1 de mayo de 2021, en medio de una jornada de protestas por el paro nacional. El máximo órgano judicial tomó la decisión y será la Fiscalía la encargada de resolver el caso, en el cual está implicado el mayor de la Policía Jorge Molano, quien es señalado de haberle disparado al joven.
La decisión
De acuerdo con la decisión de la Alta Corte, la investigación por el asesinato de Santiago será tarea exclusiva de la Fiscalía General de la Nación, puesto que no se encontró evidencia de que Molano hubiese usado su arma de dotación para proteger la vida o integridad del joven o de las personas que estaban a su alrededor.
“Este tipo de actuaciones evidencian una ruptura con el servicio que corresponde brindar a la Fuerza Pública y constituyen un comportamiento totalmente diferente a los imperativos constitucionales y legales, por lo que el conocimiento de la causa penal no se puede asignar a la justicia castrense, sino que corresponde a la jurisdicción ordinaria”, destacó la Corte Constitucional.
Las reacciones
Sandra Meneses, madre de Santiago, se mostró satisfecha con la decisión de la entidad judicial.
“Estamos agradecidos con la Corte. Es un bálsamo para nosotros como familia. Lo esperábamos por la cantidad de evidencia que hay, era evidente.
“Lo que ocurrió no fue un acto de servicio, sino de maldad”, expresó Meneses, quien durante estos meses ha estado pendiente del curso que tome la investigación por el asesinato de su hijo.
Por su parte, el abogado de la familia Murillo, Miguel Ángel del Río, manifestó a través de sus redes sociales: “Triunfan las víctimas en el caso de Santiago Murillo. La Corte nos da la razón sobre la competencia para investigar su asesinato en cabeza de la justicia ordinaria. Un soplo de esperanza para su familia”.
El implicado
El mayor Jorge Mario Molano permanece recluido en el Coiba de Picaleña desde el pasado 18 de junio, cuando la jueza Quinta con función de garantías de Ibagué, estableció que el uniformado habría incurrido en manipulación de testigos con el fin de salir librado de la responsabilidad, inculpando al patrullero Óscar Devia. Además, el proyectil encontrado en el cuerpo de Santiago corresponde con el arma de dotación entregada a Molano en 2017.
