En Colombia parece ser cotidiano el uso del castigo físico hacia los menores de edad. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, por lo menos el 41,4% de los menores de 18 años han sufrido algún tipo de violencia física, sexual o psicológica. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar afirma que el 52% de los niños recibe algún golpe de sus padres como castigo.
Sumado a esto, el Instituto de Medicina Legal atiende 11.600 casos de violencia intrafamiliar al año, y Colombia es además el segundo país en el mundo con más homicidios de menores, pues según Save the Children, 20,9 de cada 100.000 menores mueren asesinados en el país.
Ante estas alarmantes cifras, la Asociación Colombiana de Salud Pública expresó su respaldo al proyecto de ley que busca prohibir el castigo físico contra los niños, niñas y adolescentes en el país.
Según la Asociación, “ciertas creencias populares sobre “la letra con sangre entra”, “la mejor psicoterapia es la chancleta”, “a nosotros nos pegaron y no estamos traumatizados”, no son apropiadas y deben ser deslegitimadas en nuestro entorno social, cultural e institucional”.
Además, destacan que la crianza que utiliza la autoridad violenta y agresiva sólo sirve para perpetuar la cultura de la violencia en el país y para reproducir los ciclos de pobreza e inequidad.
Para ellos, es clave que el Estado y el legislador tengan como propósito demostrar que el uso de la fuerza solo acarrea graves efectos para la salud física, mental, social y espiritual de las personas.
Por ejemplo, el maltrato y los castigos físicos tienen efectos en el desarrollo cerebral, y cognitivo, y está demostrado que los niños pueden perder hasta 4 meses de desarrollo cognitivo en un lapso de 2 años.
Sumado a esto, los golpes a los menores causan quiebres en los lazos de apego y en los vínculos de afecto en las familias, generando problemas de ansiedad, depresión, obesidad, ideas suicidas, baja autoestima, entre otras dificultades.
En el mundo, en los últimos 40 años 56 países han prohibido el castigo físico de los menores, pues, afirman, es “un determinante jurídico necesario para eliminar de la sociedad la violencia como forma de crianza naturalizada”.
Según la Asociación, un mandato como este, que pretende prohibir el uso del castigo físico, debe basarse en la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños, como la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, el cuidado y el amor.
“La Asociación Colombiana de Salud Pública encuentra este proyecto de ley como un paso significativo para el Estado colombiano, que permite visibilizar estructuralmente que las relaciones de poder se reflejan en la victimización objetiva de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en las poblaciones vulnerables”, afirman.
Destacan además que es necesario crear pautas de crianza positiva que se basen en el afecto y el respeto y que apunten a transformar la cultura del castigo físico como la única forma para disciplinar a los niños y adolescentes.
Por eso, resaltan que es importante y necesaria la articulación entre todos los actores de la sociedad; sistema de salud, instituciones educativas, aparato judicial, padres, madres y educadores, para que la educación y formación de los menores sea un asunto de salud pública.
